El Pacto Birregional por los Cuidados entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea plantea la construcción de una agenda de cooperación para impulsar políticas públicas y sistemas integrales de cuidados que garanticen el derecho a cuidar, a recibir cuidados y al autocuidado, colocando la sostenibilidad de la vida, la igualdad de género y la justicia social en el centro del desarrollo.
La propuesta surge como respuesta a la crisis global de los cuidados, profundizada por el envejecimiento de la población, el debilitamiento de los sistemas públicos, las desigualdades económicas y de género, la pandemia de COVID-19 y los efectos del cambio climático. El documento advierte que estas condiciones han incrementado la sobrecarga de trabajo de cuidados que históricamente asumen las mujeres, afectando su autonomía económica y el ejercicio pleno de sus derechos.
El Pacto propone fortalecer la cooperación entre ambas regiones mediante el intercambio de experiencias, el desarrollo de marcos normativos, la profesionalización del trabajo de cuidados, la ampliación de servicios e infraestructuras, el impulso a estrategias de financiamiento y la creación de mecanismos de monitoreo que permitan avanzar hacia sistemas integrales de cuidados universales, accesibles y de calidad.
Asimismo, plantea promover investigaciones conjuntas sobre economía del cuidado, uso del tiempo, cadenas globales de cuidados, protección social, financiamiento, cambio climático y desigualdades, con el fin de generar evidencia para fortalecer las políticas públicas y la cooperación birregional.
Entre sus principales propuestas destaca la creación de programas de cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular, la articulación entre gobiernos, academia y sociedad civil, y el establecimiento de un mecanismo birregional de seguimiento que garantice la participación de organizaciones feministas y de la sociedad civil en la implementación del Pacto.
El documento reafirma que avanzar hacia sociedades del cuidado implica transformar la organización social de los cuidados, reconocer el aporte económico y social del trabajo de cuidados remunerado y no remunerado, redistribuir las responsabilidades entre el Estado, el mercado, las comunidades, las familias y los hombres, y construir políticas públicas que respondan a las necesidades de todas las personas a lo largo del ciclo de vida.
