La violencia basada en género (VBG) no puede comprenderse como un fenómeno aislado ni como la suma de episodios individuales. Es la expresión de desigualdades estructurales profundamente arraigadas en nuestras sociedades y, por ello, se intensifica cuando otras crisis —económicas, sociales, ambientales o políticas— golpean a las comunidades.
La pandemia de COVID-19 hizo visible una crisis de cuidados que durante décadas había permanecido naturalizada: buena parte del sostenimiento cotidiano de la vida descansa sobre el trabajo, remunerado y no remunerado, de las mujeres. Hoy, la crisis climática vuelve a poner esta realidad frente a nosotros y revela algo todavía más complejo: la crisis de los cuidados, la desigualdad de género, la violencia y la emergencia climática no son problemas separados.
El movimiento feminista latinoamericano lleva décadas advirtiéndolo. La desigual distribución del poder, los recursos, el tiempo y los cuidados determina quiénes tienen mayor capacidad para enfrentar las crisis y quiénes terminan absorbiendo sus costos.
Cuando la crisis climática aumenta la carga de cuidar
Los efectos del cambio climático no son neutrales al género. La pérdida de biodiversidad, la degradación ambiental, la escasez de agua, la reducción de la producción agrícola y la desaparición de medios de vida tienen consecuencias diferenciadas sobre mujeres y hombres.
En muchos territorios rurales, cuando los medios tradicionales de subsistencia dejan de ser suficientes, los hombres migran en busca de nuevas fuentes de ingreso. Las mujeres quedan entonces a cargo del sostenimiento integral de los hogares: cuidan a niñas, niños, personas mayores y enfermas; producen alimentos; gestionan el agua; realizan trabajo doméstico y, al mismo tiempo, sostienen tareas comunitarias.
Se produce así un efecto acumulativo: la crisis climática incrementa las necesidades de cuidado al mismo tiempo que reduce los recursos disponibles para satisfacerlas.
Esta distribución desigual del trabajo no ocurre en el vacío. Está respaldada por imaginarios culturales que continúan asignando a las mujeres la responsabilidad de cuidar y a los hombres la de proveer. El informe Rompiendo Moldes 2 evidencia la persistencia de estas creencias: el 63 % de las juventudes considera que las mujeres son más hábiles para los trabajos domésticos y el 76 % cree que el rol de los hombres es ser proveedores.
Cuando los medios de vida desaparecen o se deterioran, aumentan las tensiones económicas y sociales de los hogares y las comunidades. Para las mujeres, además, la sobrecarga del trabajo de cuidados limita sus posibilidades de incorporarse al mercado laboral, continuar sus estudios, participar políticamente y decidir libremente sobre su tiempo.
La dependencia económica y la falta de autonomía pueden, a su vez, incrementar su exposición a distintas formas de violencia.
Por eso, hablar de violencia basada en género exige hablar también de cuidados, autonomía económica y justicia climática.
Defender la tierra también tiene un costo diferenciado para las mujeres
Existe otra dimensión de esta relación que no podemos ignorar: la violencia que enfrentan quienes defienden los territorios, el agua, los bosques y los bienes comunes.
Las juventudes activistas ya identifican esta realidad. Entre las personas encuestadas, un 18 % señala haber sufrido discriminación debido a su activismo. Otro 18 % identifica la presencia del Estado en sus territorios como un factor que las ha expuesto a situaciones de violencia; un 31 % señala a grupos armados y un 13 % a empresas multinacionales.
Pero para las mujeres defensoras existe una capa adicional de riesgo.
Miles de mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas y rurales sostienen cotidianamente la defensa de sus territorios. Como ha señalado Oxfam en Justicia climática, justicia de género, las defensoras enfrentan formas diferenciadas de violencia dirigidas no solamente a detener su activismo, sino también a deslegitimarlas como sujetas políticas.
Las agresiones pueden adquirir formas profundamente atravesadas por el género: violencia sexual, amenazas contra sus hijas e hijos, acoso, violencia digital o campañas de desprestigio que las presentan como “malas madres” por dedicar tiempo a la defensa de sus comunidades.
En Mesoamérica, organizaciones de defensoras han documentado miles de agresiones durante los últimos años. Sin embargo, incluso estas cifras muestran solo una parte del problema. La ausencia de sistemas nacionales capaces de registrar simultáneamente género, territorio, pertenencia étnico-racial, actividad de defensa ambiental y tipo de violencia mantiene buena parte de estas agresiones fuera de las estadísticas oficiales.
La invisibilidad estadística también es una forma de abandono.
Perú: cuando la contaminación convierte el cuidado en una condena silenciosa
Quizás uno de los ejemplos más dramáticos de esta intersección se encuentra en los territorios afectados por contaminación con metales pesados en Perú.
Los estudios realizados en comunidades afectadas muestran que las mujeres pueden dedicar hasta tres veces más tiempo que los hombres al cuidado de personas intoxicadas por metales pesados. En hogares donde existen personas enfermas, este trabajo puede superar las 50 horas semanales.
No estamos hablando solamente de una carga doméstica adicional. Estamos hablando de horas que dejan de estar disponibles para estudiar, trabajar remuneradamente, descansar, participar políticamente o desarrollar un proyecto propio de vida.
La contaminación ambiental termina convirtiéndose, así, en pobreza de tiempo para las mujeres.
Las consecuencias alcanzan también la salud mental. En Espinar, datos de Derechos Humanos Sin Fronteras señalan elevados niveles de depresión entre mujeres expuestas, vinculados a la preocupación permanente por su propia salud y la de sus familias.
El impacto económico profundiza todavía más esta desigualdad. Entre 2015 y 2023, los hogares con integrantes que padecían enfermedades crónicas enfrentaron gastos considerablemente mayores que aquellos sin esta carga. Para 2023, el gasto asociado había aumentado de manera significativa respecto de 2015.
Mientras las familias —y especialmente las mujeres— absorben estos costos económicos, físicos y emocionales, la respuesta institucional continúa siendo insuficiente. Los recursos públicos destinados a la atención de las poblaciones expuestas resultan mínimos frente a la magnitud del problema y apenas una fracción de las personas afectadas logra acceder a atención médica.
El caso permite observar toda la cadena de desigualdades: degradación ambiental → enfermedad → incremento de las necesidades de cuidado → sobrecarga femenina → pérdida de autonomía económica y de tiempo → profundización de las desigualdades y mayor vulnerabilidad frente a las violencias.
Esto es lo que significa hablar de un problema estructural.
Necesitamos mirar las violencias desde todas sus dimensiones
Por ello, celebramos que iniciativas como Spotlight retomen esfuerzos dirigidos a comprender estos cruces y avancen hacia un análisis multidimensional de las violencias contra las mujeres y las niñas.
No podemos diseñar políticas eficaces si continuamos observando por separado aquello que en la vida de las mujeres ocurre simultáneamente.
Necesitamos producir evidencia capaz de mostrar cómo se relacionan violencia, cuidados, cambio climático, pobreza, racismo, desigualdad territorial, autonomía económica, migración y defensa de los bienes comunes.
Los Estados tienen una responsabilidad fundamental en esta tarea. Lo que no se registra difícilmente se convierte en política pública; y aquello que permanece invisible corre el riesgo de permanecer también fuera de los presupuestos.
La generación de evidencia debe, por tanto, ser entendida como parte de las obligaciones de los Estados para prevenir y erradicar las violencias basadas en género.
De la evidencia a la acción
Comprender las conexiones es apenas el primer paso. La evidencia debe traducirse en decisiones políticas, presupuestos y transformaciones concretas.
En primer lugar, es imprescindible incorporar la justicia de género, racial e interseccional en las políticas públicas. Las respuestas frente a la transición demográfica y al cambio climático deben reconocer sus impactos diferenciados y garantizar que las medidas de adaptación y mitigación no reduzcan la autonomía de las mujeres ni incrementen su trabajo de cuidados o su exposición a situaciones de violencia.
En segundo lugar, necesitamos financiar la transformación social necesaria para alcanzar la justicia de género y racial. Transformar los imaginarios que reproducen el machismo, el racismo y la división sexual del trabajo no es una acción secundaria: es una condición indispensable para construir sociedades sostenibles.
Y existe una urgencia adicional: proteger y financiar a quienes defienden la vida.
La agenda de las mujeres defensoras atraviesa un proceso preocupante de desfinanciamiento. Mientras disminuyen los recursos destinados a la defensa ambiental y los derechos humanos, muchas redes de defensoras continúan sosteniendo sus luchas con recursos mínimos y, en numerosos casos, en condiciones de profunda desprotección.
Los Estados, la cooperación internacional y los organismos multilaterales tienen una responsabilidad que no pueden eludir. Las organizaciones de mujeres y las redes de defensoras no pueden ser consideradas iniciativas periféricas dentro de las políticas climáticas. Deben ocupar un lugar central en cualquier estrategia que aspire a una transición ecológica verdaderamente justa.
Financiar proyectos aislados y de corto plazo, sin modificar las estructuras que generan desigualdad y violencia, no es suficiente.
Necesitamos políticas sostenidas, sistemas públicos de cuidados, protección efectiva para las defensoras, presupuestos con perspectiva de género, producción de evidencia interseccional y financiamiento directo y estable para las organizaciones que sostienen estos procesos en los territorios.
Porque la crisis climática no solamente transforma ecosistemas. También reorganiza el tiempo, el trabajo, los cuidados, los desplazamientos y las relaciones de poder.
Y cuando esas relaciones ya son profundamente desiguales, cada nueva crisis corre el riesgo de multiplicar las violencias existentes.
La justicia climática no será posible sin justicia de género. La justicia de género no será posible sin una redistribución profunda de los cuidados. Y ninguna de ellas será posible si quienes defienden los territorios y sostienen la vida continúan haciéndolo solas, violentadas y sin recursos.
Sostener la vida implica también sostener a quienes la cuidan y a quienes la defienden.
