Analizar cómo la ejecución de los recursos tiene una vinculación con la evidencia del impacto, mediante indicadores claros que permitan evaluar si las políticas y servicios de cuidado garantizan efectivamente los derechos y generan resultados más allá del hogar.

La inversión en servicios de calidad puede generar una demanda social positiva, fortaleciendo la confianza de la población y promoviendo su reconocimiento como parte del ejercicio de un derecho. Esto es especialmente relevante frente a la desconfianza existente hacia los servicios de cuidado infantil y de personas adultas mayores.

Desde la economía feminista, se han evidenciado las desigualdades que limitan el ejercicio de derechos de las mujeres y la necesidad de transformar la organización social del cuidado. La experiencia con jóvenes que generan ingresos mediante ventas por internet muestra que estas necesidades atraviesan distintas realidades sociales y generacionales.

La universalidad debe ser un principio central: si el cuidado es un derecho, todas las personas deben poder ejercerlo, independientemente de su nivel de ingresos o situación familiar. La demanda de servicios de cuidado no debe entenderse únicamente como una necesidad de las poblaciones con menores recursos, sino como una demanda social amplia y transversal, que puede identificarse y fortalecerse desde la propia población.

Por ello, el desafío es construir sistemas de cuidados que combinen inversión, calidad, evidencia e inclusión, demostrando con datos que los recursos destinados a los cuidados generan impactos concretos en el bienestar y en el ejercicio de derechos. Al mismo tiempo, garantizar servicios universales y de calidad puede contribuir a transformar las percepciones sociales sobre el cuidado y generar una mayor demanda ciudadana por políticas públicas que lo reconozcan como un derecho.